Iniciaron una "investigación penal preparatoria" contra Moccero

El intendente Ricardo Moccero fue denunciado penalmente por la ONG Alerta Galgo y por la presidenta de la Agrupación Vecinos proteccionistas de Coronel Suárez, María Susana Lang tras fuertes declaraciones radiales contra los perros callejeros que generaron el rechazo de varias entidades proteccionistas e incluso se difundieron a nivel nacional.

"Los perros se van a cargar de inmediato en una camioneta con dos personas que tendrá un número de teléfono para que todos los vecinos llamen cuando ven algún perro en la calle. Se van a llevar a la perrera y vamos a poner una guardia y serenos para que no los puedan recuperar", habiá asegurado Moccero. Y agregó: "Y mucho menos la gente que por ahí ve un perro callejero y les da de comer, entonces no se elimina más de la calle ese perro". Alentar a este accionar va en contra de la ley de maltrato animal 14.346 que en su artículo 2 inciso 1 determina que es considero maltrato "no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos".

Los dichos se produjeron tras varios ataques protagonizados por dos perros dogo que finalmente por el peligro que representaban fueron sacrificados días atrás.

Las declaraciones contradicen la ordenanza 7.516 votada por unanimidad en el Consejo Deliberante de Coronel Suárez en junio del año pasado. 

El artículo 14 se asegura que a los perros y gatos comunitarios que "por causa de la sobrepoblación carecen de un hogar que los cobije" se los debe "atrapar, castrar y devolverlos a su lugar". Y aclara: "no serán retirados de la vía pública" si no representan peligrosidad. En tanto, en el artículo 19 se decreta que de encontrarse un animal en la calle sin el dueño, se lo podrá retener, llevarlo al Centro Municipal de Salud Animal y Zoonosis y en caso de presentarse el dueño, devolverlo bajo notificación y posible apercibimiento según el Código de Faltas Municipal si reincide en la conducta.

Por último, la ordenanza, insta a la castración como el único método de control poblacional y prohíbe las matanzas. Según la normativa, se deberían estar castrando el 20 por ciento de la población de animales por año, y profundizar el número con el paso del tiempo.

Además, la ley provincial 13.879 de equilibrio poblacional de perros y gatos determina que "los municipios bonaerenses están obligados a lograr en el menor tiempo posible que la cantidad de animales sea igual a la cantidad de familias que los puedan acoger, es decir, alcanzar, sin matanzas el equilibrio poblacional".

Ambas denuncias están enfocadas en el trato que hiciera o pretendiera hacer con los perros que actualmente residen en las calles de la ciudad ante la falta de políticas públicas preventivas y de control o irresponsabilidad humana, como sucedió con el caso de los dos perros Dogo que, teniendo dueños, atacaron a transeúntes.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N 19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, donde se inició una "investigación penal preparatoria" para juntar y analizar pruebas.