Juicio Triple A: la fiscalía abordó en su alegato los elementos de prueba acerca del homicidio de Rodolfo Gini

La fiscalía ya abordó en su alegato los elementos de prueba acerca del homicidio de Rodolfo Gini en Huanguelén. La investigación incluyó, documentos de inteligencia elaborados a la fecha de los hechos.


En el marco de su alegato iniciado esta semana en el juicio a la Triple A, la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca analizó las características de la agrupación paraestatal que operó en la región y comenzó a exponer la prueba acerca de los 24 homicidios que se le atribuyen. Fue durante las audiencias celebradas este martes y miércoles que, como durante todo el trámite del debate, fueron transmitidas por el canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

El alegato de la fiscalía, representada por el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento e integrada también por el fiscal general Miguel Palazzani y el fiscal ad-hoc José Nebbia, continuará el lunes próximo desde las 8:30 de la mañana. Para esa jornada se estima que concluirá y se formulará el petitorio de las penas para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, a quienes se acusa de haber pertenecido a la organización criminal y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo, uno de los dos casos que fueron tratados en la audiencia de ayer.


La existencia de la Triple A en Bahía Blanca y la pertenencia de los imputados

La Unidad de DDHH realizó un análisis de cómo estaba integrada la asociación ilícita en general, de acuerdo a la figura penal vigente a los momentos de los hechos. En ese sentido, se explayó particularmente acerca de las pruebas sobre la pertenencia a ella de los cuatro acusados; desarrolló la existencia del acuerdo y el propósito criminal, y la actividad delictiva ejecutada. Fermento indicó que la Triple A estuvo formada por una cantidad de agentes que fue variando a lo largo de su existencia, oscilando entre los 20 y 40 miembros, a muchos de los cuales identificó a partir de la documentación recabada y los testimonios recibidos.

En cuanto a los cuatro imputados, se exhibieron las resoluciones que el interventor de la UNS Remus Tetu dictó a lo largo de 1975 para la designación del cuerpo armado que actuó en la universidad. Esos fueron los actos administrativos, para el Ministerio Público Fiscal, a través de los cuales “se perfeccionó la organicidad y el carácter paraestatal del grupo, otorgándole los medios financieros y logísticos para operar”. No obstante, se aclaró que, de acuerdo a diversos testimonios, “ya formaban parte de la organización criminal, e intervenían en la actividad delictiva desplegada con anterioridad al ingreso a la universidad”. Es que para ese entonces ya se conocían entre sí; compartían los mismos ámbitos de militancia política y gremial; venían desarrollando una tarea de depuración en el campo gremial -JNG, UOCRA- y estudiantil –en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)-; eran amigos o tenían la suficiente confianza para respaldarse laboralmente; y se movían juntos incluso en los ámbitos de esparcimiento social, en los que se jactaban de asesinar personas.


Así, se trató:

-La práctica de intimidación desplegada mediante patrullajes, amenazas, agresiones armadas y colocación de bombas, entre otras.

-Secuestros.

-Delitos contra la propiedad (violaciones de domicilio y robo)

-Asesinatos. Sobre este punto, se caracterizó a los homicidios como “asesinatos rituales”, perpetrados para transmitir un mensaje de terror y disciplinamiento. De esa manera se halló un patrón de actuación propio de la Triple A, configurado por los secuestros nocturnos y en banda, acribillamientos y el abandono de los cadáveres junto a rutas o caminos rurales. Las víctimas pertenecían a los ámbitos de militancia estudiantil, gremial, religiosa y/o política. En algunos casos, junto a las víctimas era colocada bibliografía calificada como subversiva.


El caso de Rodolfo Celso Gini

La fiscalía ya abordó en su alegato los elementos de prueba acerca del homicidio de Rodolfo Gini. La investigación incluyó, documentos de inteligencia elaborados a la fecha de los hechos.

Gini al momento de los hechos tenía 43 años, trabajaba como bioquímico en la Unidad Sanitaria de Huanguelén y también era docente. Allí vivía con su esposa y sus cuatro hijos. Registraba una amplia trayectoria de militancia política, por la que, incluso, había sido candidato a Concejal por la Alianza Popular Revolucionaria en 1973.

La fiscalía reconstruyó que el 2 de diciembre de 1974, a la madrugada, mientras la familia dormía, hubo un llamado a la puerta del domicilio. Al atender su esposa, ingresaron cuatro hombres vestidos de civil y armados con ametralladoras. Luego de revolver todas las pertenencias de la familia, se apropiaron de dinero y de algunos bienes. Asimismo, maniataron, amordazaron y encerraron en el baño a la mujer y finalmente secuestraron a Gini. Previo a retirarse, los secuestradores escribieron en varias paredes de la casa y en algunos muebles las siglas “A.A.A”: el MPF exhibió fotografías que dan cuenta de ello.

A las pocas horas de su desaparición, el cuerpo de Gini fue hallado al costado de la ruta que comunica Huanguelén con Coronel Suárez, a 6 kilómetros de la ciudad. El cadáver se encontraba maniatado y amordazado con tela adhesiva, con dieciséis disparos de armas de fuego, algunos en el rostro y otros en el resto del cuerpo.

Para sostener la intervención de la Triple A en el asesinato, Fermento trajo a colación un testimonio que dio cuenta sobre el interrogatorio bajo tortura practicado a un ex alumno de Gini, para indagar en relación a la actividad que realizaba la víctima, circunstancia que el propio testigo relacionó con el asesinato. Ese entrecruzamiento de la actividad de las fuerzas policiales con el grupo paraestatal fue corroborada por una serie de archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), también exhibidos por la fiscalía.

Por otra parte, la Unidad de DDHH agregó que la persecución a la familia de Gini no cesó con el asesinato. Por el contrario, durante la dictadura militar gran parte de su grupo de allegados fueron secuestrados, entre ellos su esposa y su hermano.